Drones para seguridad: el desafío regulatorio en Malvinas

La compra de drones para seguridad pública suele avanzar más rápido que el diseño de la operación que los vuelve legales, seguros y útiles. Malvinas Argentinas acaba de exhibir esa tensión: la tecnología anunciada es coherente con una misión de vigilancia urbana, pero el éxito del programa no dependerá de la cámara térmica, la inteligencia artificial ni del zoom. Dependerá de cómo se encuadre cada vuelo dentro del régimen aeronáutico argentino.

Según informó Aquí La Noticia, el municipio realizó una primera demostración de equipos destinados al monitoreo de seguridad, con participación del intendente Leo Nardini, autoridades locales, técnicos especializados y representantes de DJI. El plan prevé integrar los RPA al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), en coordinación con patrullas, Policía de la Provincia de Buenos Aires y Gendarmería Nacional ante distintos hechos.

Los equipos anunciados alcanzan 45 km/h, incorporan cámaras panorámicas, térmicas y con zoom, funciones de inteligencia artificial y capacidad de operar con viento y lluvia. Son prestaciones habituales en plataformas tácticas modernas. Pero una aeronave apta para volar bajo condiciones meteorológicas exigentes no queda automáticamente habilitada para una misión urbana compleja.

Ahí empieza el trabajo serio.

Drones para seguridad urbana: tecnología global, contexto argentino

La arquitectura que describe Malvinas Argentinas responde a un modelo conocido en programas de seguridad de distintas ciudades del mundo: una aeronave despliega observación aérea rápida, transmite video al centro de comando y complementa a los recursos terrestres. En términos operativos, el dron reduce el tiempo necesario para obtener contexto visual sobre un incidente, verificar una alarma, acompañar un patrullaje o seguir una situación hasta que llegue una unidad en superficie.

La lógica es razonable. También requiere matices locales.

En mercados donde la operación de seguridad con RPAS está madura, abundan los esquemas de despacho desde bases fijas, vuelos programados, estaciones automáticas de carga y operaciones BVLOS bajo autorizaciones específicas. El concepto de drone as first responder, por ejemplo, descansa en una integración muy estrecha entre centro de emergencias, gestión del espacio aéreo, procedimientos policiales, conectividad robusta y reglas claras sobre privacidad.

Argentina todavía no tiene un despliegue municipal homogéneo de ese tipo. Las diferencias entre distritos son relevantes: cobertura de red móvil, disponibilidad de personal capacitado, cercanía a aeródromos, presencia de helipuertos sanitarios, corredores de alta tensión, vías ferroviarias, autopistas y áreas densamente pobladas cambian por completo la evaluación de una misma plataforma.

Malvinas Argentinas, dentro del conurbano bonaerense, plantea precisamente un entorno que no admite una lectura simplificada. La continuidad urbana, los barrios residenciales, el tránsito, las escuelas, los predios industriales y la proximidad de infraestructuras sensibles hacen que el vuelo de vigilancia no pueda tratarse como una operación recreativa ni como una práctica aislada de capacitación.

El sistema térmico agrega valor en baja luz, búsqueda de personas, verificación de perímetros y detección de focos térmicos. El zoom óptico ayuda a observar desde una distancia prudente. La inteligencia artificial puede asistir en clasificación o seguimiento, según la configuración y las capacidades efectivamente habilitadas en el equipo. Sin embargo, ninguna de esas funciones reemplaza la decisión humana ni elimina la obligación de mantener procedimientos de contingencia.

También hay un límite técnico que las presentaciones institucionales suelen omitir: una cámara térmica identifica contrastes de temperatura; no entrega por sí sola certeza operativa sobre una persona, una amenaza o una conducta. La interpretación depende del operador, de la distancia, de la escena, de la meteorología y del entrenamiento. En seguridad pública, un falso positivo puede movilizar recursos innecesarios; uno negativo puede dejar sin respuesta una situación real.

Por eso, importar el concepto operativo sin adaptar su gobernanza sería un error. El modelo internacional aporta herramientas, pero el marco argentino exige traducirlas a procedimientos, responsables, registros y autorizaciones concretas.

RAAC y Resolución ANAC 550/2025: dónde queda encuadrado el monitoreo

La referencia normativa central es la Resolución ANAC 550/2025, que actualizó y renumeró el régimen aplicable a sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Para interpretar un programa municipal no alcanza con decir que el dron pesa menos de 25 kg o que cuenta con matrícula. Hay que analizar el riesgo de la operación propuesta.

La categoría abierta, tratada en el esquema de las RAAC para operaciones de menor riesgo, contempla vuelos sin autorización previa de ANAC bajo condiciones delimitadas. Entre ellas aparecen la operación visual, el límite de 122 metros AGL —400 pies—, el respeto por el entorno aéreo y un contexto que no exponga a terceros a riesgos incompatibles con esa categoría.

El monitoreo urbano de seguridad difícilmente encaje de manera estable en ese universo. Puede haber personas ajenas a la operación, calles activas, viviendas, infraestructura crítica, zonas de circulación intensa y espacios aéreos cuya condición requiere verificación previa. Si el concepto contempla patrullajes prolongados, seguimiento a distancia o conducción desde el COM sin observación directa de la aeronave, aparece además el componente BVLOS.

En esos casos corresponde mirar la RAAC Parte 102, asociada a la categoría específica. Allí la discusión deja de ser únicamente qué dron se compró y pasa a ser qué operación se pretende ejecutar, con qué mitigaciones y bajo qué aprobación. La categoría específica exige una lógica documental y operacional más exigente: Manual de Operaciones, gestión de riesgos, declaración detallada de la actividad y, cuando corresponda, requisitos vinculados al explotador, matrícula o aeronavegabilidad.

Esto tiene una consecuencia importante para municipios y organismos de seguridad: el carácter público de la misión no convierte por sí mismo a cualquier vuelo en una operación exenta. La incorporación al COM, la finalidad preventiva o la coordinación con una fuerza de seguridad no sustituyen el cumplimiento de los requisitos aeronáuticos aplicables al RPAS y a su perfil de misión.

La distinción importa especialmente en tres escenarios. Primero, el vuelo sobre o cerca de concentraciones de personas. Segundo, la operación en espacio aéreo controlado o áreas donde deba coordinarse con servicios de tránsito aéreo. Tercero, la operación más allá del alcance visual del piloto remoto. Cada uno puede modificar radicalmente la categoría y las mitigaciones necesarias.

La comparación internacional vuelve a ser útil. En otros países se habla con naturalidad de corredores BVLOS, UTM, geocercas dinámicas y flotas autónomas. En Argentina, esos conceptos pueden ser técnicamente viables, pero deben incorporarse bajo el proceso regulatorio vigente y no como una promesa comercial. El geofencing ayuda a prevenir incursiones, pero no reemplaza una autorización. Un datalink redundante mejora la confiabilidad, pero no elimina el análisis de riesgo. La automatización asiste; no absorbe responsabilidades.

Todavía no está claro, a partir de la información difundida, cuál será el perfil final de las operaciones de Malvinas Argentinas: si predominará el vuelo VLOS desde puntos definidos, si habrá despliegues ante incidentes, si se proyectan guardias continuas o si buscarán misiones BVLOS. Esa definición será determinante para evaluar el encuadre real del programa.

Cómo convertir una demostración de drones en una operación trazable

El paso siguiente para una flota de seguridad no debería ser sumar horas de vuelo sin estructura. Debería ser construir una matriz de misión. Cada uso previsto —apoyo a patrullas, búsqueda nocturna, control de perímetro, verificación de alarmas o cobertura de eventos— necesita su propio análisis de entorno, personal, comunicaciones, payload y contingencias.

Un programa maduro debería contemplar, como mínimo:

• delimitación de áreas de despegue y recuperación, con evaluación de obstáculos, terceros y alternativas de aterrizaje;
• procedimientos VLOS y, si se pretendiera, BVLOS diferenciados, sin mezclar ambos perfiles bajo una misma práctica informal;
• coordinación con el COM mediante una cadena de mando definida entre piloto remoto, observador, supervisor y despachador;
• protocolos de pérdida de enlace, degradación de GNSS, baja batería, meteorología adversa y aterrizaje de emergencia;
• registro de vuelos, mantenimiento, actualizaciones de firmware, incidentes y preservación de evidencia audiovisual;
• criterios de custodia, acceso y conservación de imágenes, especialmente cuando el sistema observa espacios públicos y domicilios colindantes.

La capacitación también debe escapar de la lógica de “pilotar bien”. En seguridad urbana, el piloto remoto necesita entender lectura de escena, comunicaciones operativas, limitaciones del sensor térmico, conciencia situacional, gestión de fatiga y criterios para abortar una misión. El operador que recibe el video en el COM, por su parte, necesita saber qué puede inferir de una imagen y qué no.

Para misiones vinculadas con instalaciones sensibles, corredores industriales o entornos de infraestructura crítica, resulta útil revisar experiencias de operación profesional que integren termografía, planificación y documentación aeronáutica, como los servicios de operación RPA para industria y estructuras críticas. El entorno cambia, pero la disciplina operacional es transferible: misión definida, riesgo evaluado, aeronave mantenida y trazabilidad completa.

Otro punto decisivo es la relación con las fuerzas desplegadas en tierra. El RPA debe integrarse como fuente de información, no como un actor separado que transmite imágenes sin protocolo. Hace falta acordar quién valida una observación, cómo se informa una novedad, cuándo se solicita apoyo y qué información queda asentada. De lo contrario, la transmisión en vivo puede multiplicar pantallas sin mejorar decisiones.

La incorporación de drones al Plan Integral de Seguridad de Malvinas Argentinas puede aportar una capacidad concreta de observación y respuesta. Pero el estándar a exigir no debería ser una demostración exitosa, sino una operación repetible, auditada y compatible con las RAAC. Durante los próximos meses habrá que seguir la definición pública de sus procedimientos, eventuales autorizaciones ANAC y cualquier avance hacia vigilancia BVLOS o estaciones automatizadas: allí se verá si la inversión tecnológica se convierte en un sistema aeronáutico sostenible.