Congreso Internacional de Drones: la brecha que dejó Tucumán

Hace cinco años, juntar a pilotos de drones, investigadores, empresas, universidades y productores en una misma sala todavía era una rareza fuera de Buenos Aires. En septiembre de 2026, unas 700 personas colmaron la Sociedad Rural de Tucumán para el Congreso Internacional de Drones. El dato no es decorativo: habla de un sector que ya dejó la etapa de la curiosidad tecnológica y empezó a discutir trabajo, regulación, seguridad y escala.

La frase de Martín Rubén Martín, vicepresidente de CAEDYA, fue contundente: “Nunca se vio en la Argentina una concentración de tanta gente para esta actividad”. Puede sonar a entusiasmo de evento, y algo de eso siempre hay. Pero la lista de participantes —INTA, empresas, pilotos, desarrolladores, universidades y organismos públicos— confirma que el ecosistema RPAS argentino ya tiene volumen y diversidad suficiente para exigir conversaciones más serias.

Porque llenar una sala es fácil. Sostener una operación profesional, no tanto.

El Congreso Internacional de Drones mostró un sector que se federaliza

El encuentro de Tucumán reunió bajo el lema “Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible” aplicaciones de agricultura de precisión, ambiente, producción, seguridad, logística, emergencias, minería, energía e investigación científica. Esa amplitud es relevante: durante años, buena parte de la conversación pública sobre drones quedó reducida a la cámara, el video o el equipo recreativo. Hoy la discusión incluye payloads, sensores, análisis de datos, comunicaciones, mantenimiento, operación y responsabilidad operacional.

En el NOA, esa evolución tiene una lectura muy concreta. Tucumán concentra actividad agroindustrial, producción citrícola, cañera y cadenas que demandan información rápida sobre lotes, accesos, infraestructura y condiciones ambientales. A eso se suman distancias considerables, caminos rurales variables según la estación y zonas donde llevar una cuadrilla completa para una inspección puede consumir una jornada entera.

Ahí un RPA bien integrado puede aportar mucho. Puede relevar un lote, capturar imágenes multiespectrales, documentar una obra, asistir en una búsqueda o inspeccionar sectores de difícil acceso. Pero conviene bajar un cambio antes de prometer milagros. Un vuelo produce datos; una decisión productiva o técnica exige interpretar esos datos, contrastarlos con el terreno y saber qué limitaciones tuvo la captura.

En las capacitaciones aparece seguido el mismo error: el operador logra una imagen vistosa, exporta un mapa de colores y cree que ya hizo agricultura de precisión. No. Si la planificación fue mala, si hubo viento que compromete la estabilidad, si se voló con una iluminación poco consistente o si el sensor no se configuró como corresponde, el resultado puede ser atractivo en pantalla y pobre para tomar decisiones.

El interés por aplicaciones agrícolas que atravesó el congreso tiene sentido. El agro demanda eficiencia y trazabilidad, pero necesita profesionales que entiendan tanto la plataforma como el contexto agronómico. Un piloto que quiera trabajar en ese segmento debe conocer el avión o multirrotor, el software, la cadena de procesamiento y las condiciones reales de campo. La formación en drones aplicados al campo apunta justamente a esa integración entre operación, datos y producción rural.

La federalización de CAEDYA, con la formación de una regional del NOA, también merece atención. Argentina no opera igual en cada provincia. Hay diferencias de geografía, infraestructura, conectividad, mercados, cultivos y disponibilidad de servicio técnico. Centralizar todo en Capital Federal nunca describió bien la realidad de los pilotos que trabajan a cientos de kilómetros de un centro urbano.

Entre 35.000 y 45.000 drones, pero cerca de 1.500 registrados

El número más incómodo que dejó el Congreso Internacional de Drones no fue la convocatoria. Según lo expresado por Martín, el parque de equipos vendido en el país estaría entre 35.000 y 45.000 unidades, mientras que aproximadamente 1.500 cuentan con registro formal ante la autoridad bajo la categoría Lima Victor Remote. Aunque se trata de una estimación sectorial y no de un relevamiento público exhaustivo, la distancia entre ambas cifras merece ser tomada en serio.

No todos esos equipos vuelan, desde luego. Muchos pueden estar guardados, averiados, reemplazados o destinados a uso ocasional. Tampoco todos realizan una operación de riesgo equivalente. Pero la diferencia señala algo conocido por cualquiera que haya dado clases: todavía hay operadores que compran un equipo profesional antes de entender dónde, cómo y bajo qué condiciones pueden utilizarlo.

La Resolución ANAC 550/2025 aprobó las RAAC Partes 100, 101 y 102, con un esquema de categorías abierta, específica y certificada. En términos prácticos, la categoría abierta contempla operaciones rurales que cumplan sus condiciones, mientras que los escenarios que exceden ese marco pueden requerir el tratamiento de la categoría específica y una evaluación de riesgos.

Hay límites que no admiten interpretación creativa. Una operación BVLOS, un vuelo por encima de 122 metros AGL, una misión en espacio aéreo controlado, una actividad sobre concentración de personas o cerca de infraestructura sensible no se resuelve diciendo “estoy en el campo”. Tampoco alcanza con que el predio sea privado. El espacio aéreo, la seguridad de terceros y la responsabilidad del piloto al mando siguen existiendo.

El campo argentino puede dar sensación de libertad operacional, sobre todo cuando uno tiene hectáreas de monte, cultivos o pasturas alrededor. Esa sensación es peligrosa cuando desplaza el análisis previo. Rutas provinciales, tendidos eléctricos, silos, viviendas rurales, trabajadores, maquinaria, helipuertos sanitarios o aeródromos cercanos forman parte del entorno aunque no aparezcan en la toma de la cámara.

Y después está el seguro. La fuente periodística plantea como recomendación operar con el equipo registrado y asegurado para hacerlo de manera legal y con cobertura. Es un criterio razonable, especialmente cuando se trabaja para terceros o cerca de bienes que pueden resultar dañados. La póliza no reemplaza la pericia, pero una hélice contra un vehículo, una persona o una instalación no se arregla con un video de calibración.

También conviene evitar otra simplificación frecuente: pensar que la regularización es solo un trámite administrativo. Registrar, documentar mantenimiento, revisar baterías, conocer las limitaciones del equipo y dejar constancia de cada misión ordena la operación. Cuando aparece un incidente, un reclamo o una auditoría del cliente, la improvisación queda expuesta rápido.

Qué debería cambiar en una operación RPAS después de Tucumán

La principal enseñanza del congreso no está en copiar una presentación ni en salir a comprar el último equipo. Está en profesionalizar la secuencia completa de trabajo. Antes del despegue, el piloto debería poder explicar qué objetivo tiene la misión, qué datos necesita, qué riesgos existen, qué categoría regulatoria corresponde y cuál será el criterio para abortar.

Una rutina operativa básica, repetida con disciplina, evita buena parte de los errores que después se atribuyen a “cosas del drone”:

• Verificar el área de operación, obstáculos, terceros expuestos, accesos y proximidad de caminos o infraestructura.
• Confirmar las condiciones meteorológicas, con especial atención al viento, la temperatura y la autonomía efectiva de las baterías.
• Revisar firmware, estado estructural, hélices, motores, sensores, almacenamiento y configuración de Return to Home.
• Definir altura AGL, trayectoria, punto de despegue y aterrizaje, enlace de mando y contingencias ante pérdida de datalink.
• Determinar si la operación se mantiene en VLOS y dentro de la categoría aplicable o si requiere otra gestión ante ANAC.
• Registrar novedades de la misión, ciclos de batería, fallas detectadas y mantenimiento realizado.

Esto vale para un relevamiento multiespectral, para una inspección de infraestructura o para una misión de apoyo en emergencias. Cambia el payload, cambia el procedimiento puntual, cambia la criticidad. La disciplina de base permanece.

En búsqueda y rescate, por ejemplo, el entusiasmo por desplegar rápido puede jugar en contra. Un drone puede ser una herramienta valiosa para ampliar la observación en un área compleja, pero debe integrarse a una coordinación con responsables del operativo, comunicaciones claras y respeto por la escena. Volar encima de personal de emergencia sin plan ni coordinación es una mala idea. Bastante mala.

El mismo criterio aplica a los servicios de teledetección. Un índice como NDVI o GNDVI puede aportar información útil para identificar variabilidad, estrés o sectores a revisar, siempre que la captura, el procesamiento y la interpretación estén bien planteados. El valor no está en el mapa coloreado, está en la decisión técnica que ese mapa permite orientar.

Otro punto que el sector debe resolver es la distancia entre crecimiento comercial y capacidad de soporte. Más equipos implican más baterías envejecidas, más accidentes menores, más actualizaciones, más reparaciones y más necesidad de trazabilidad. El mantenimiento preventivo suele perder contra la urgencia de “salir a trabajar hoy”. Hasta que el equipo cae, claro.

La responsabilidad legal no se delega en la app, en el geofencing ni en el cliente. El piloto al mando conserva una obligación central sobre la seguridad de la operación.

El Congreso Internacional de Drones de Tucumán dejó una señal saludable: hay comunidad, mercado, conocimiento y aplicaciones reales para seguir desarrollando el sector. También dejó expuesta una tarea menos vistosa: formar operadores, ordenar registros, mejorar mantenimiento y hacer que la normativa se traduzca en hábitos de vuelo concretos. Para quienes buscan profundizar en operaciones humanitarias coordinadas, el curso de Búsqueda y Rescate con Drones SAR aborda justamente esa combinación de técnica, legislación y trabajo en red. Habrá que ver cómo evolucionan los mecanismos de autorización, la fiscalización y la infraestructura para operaciones más complejas; esas variables dependen de ANAC, de los organismos locales y de la madurez del propio mercado. La convocatoria ya está. La profesionalización todavía se está construyendo.